SOBRE ACTUAL SITUACIÓN EN LA ZONA FRONTERIZA COLOMBO/VENEZOLANA
“…He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor” Éxodo
3,7
Alto a los atropellos en las
deportaciones.
Los derechos humanos son los mismos
para todos
1.- La Comisión de
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, atenta a todo lo que
tiene que ver con los derechos humanos, se encuentra profundamente preocupada
por diversas denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos en el
marco del Decreto de suspensión de garantías constitucionales en varios municipios
de la frontera, pues es una situación que afecta a todos los que vivimos en
Venezuela, dado que es inmensa la presencia de colombianos en nuestra tierra, y
son más los vínculos de fraternidad y cooperación existentes. Más allá de
diferencias o de situaciones irregulares, priva el respeto a la vida y a un
trato cordial. No se puede estigmatizar a todo un colectivo de presuntos delitos
sin el debido proceso y el derecho a la defensa.
2.-La Comisión ha estado
monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han
registrado en la frontera colombo/venezolana en los últimos días, y ante las
graves denuncias sobre masivas deportaciones de ciudadanos de nacionalidad
colombiana,que sin ningún tipo de procedimiento previo, no se les ha garantizado un debido proceso establecido en
nuestra Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos
debidamente suscritos y ratificados por Venezuela.
3.- Hemos tenido
conocimiento que muchas de estas personas han sido obligadas a salir de manera
abrupta, sin enseres, sin alimentos, muchos de ellos solo con la ropa que
llevan puesta, sus casas allanadas sin ninguna orden judicial y destruidas; en
algunos casos fueron robadas las pertenencias de aquellos pobres moradores.
4.- A ello se une el
drama de ver familias separadas, especialmente madres y padres que han sido
obligadas a dejar a sus hijos menores en territorio venezolano, y más grave aún
resulta de enorme preocupación la utilización del poder punitivo del Estado
para criminalizar a estos ciudadanos de origen colombianos como miembros de
grupos irregulares.
5.- Condenamos
cualquier actuación de esta naturaleza y hacemos un llamado a las autoridades
venezolanas a aplicar todas aquellas medidas
destinadas a garantizar el debido proceso y la integridad física de las
personas, con especial énfasis en el derecho a la vida y lo propuesto en nuestra Constitución y
leyes.
6.-Expresamos nuestra preocupación porque persisten las denuncias sobre un uso
excesivo y desproporcionado de la fuerzapor parte de agentes de seguridad del
Estado, encargada de realizar dicho operativo. En un estado
democrático de derecho y de justicia, no es posible aceptar que en aras de la
defensa nacional, la seguridad y la soberanía, se hagan procedimientos
militares de alta peligrosidad contra la población civil.
7.- Hacemos un llamado
a las autoridades garantes de los Derechos Humanos de ambos países para que
este problema que nos afecta a todos, tenga una rápida solución y que no se
convierta en un problema político o ideológico, ni en una ocasión para promover
la xenofobia o el desprecio de ningún ciudadano por razón de su origen.
8.- Nos solidarizamos
con los millones de colombianos que han hecho vida en nuestra patria y nos han
enriquecido con sus virtudes y capacidades. No hay familia venezolana que no
tenga vínculos consanguíneos, de afinidad, de trabajo o de cualquier otra
índole con nuestros hermanos colombianos lo que nos ha permitido vivir en
fraternidad. A todos los familiares de las víctimas, les expresamos nuestra
solidaridad y oración en estos momentos de tristeza y dolor. Pedimos a todos
orar intensamente y colaborar con nuestros hermanos evitando cualquier
estigmatización.
9.- En estos dolorosos
momentos hacemos un llamado a la sensatez y a la calma. Que la condición de
cristianos de la inmensa mayoría mueva las fibras de la solidaridad, de la
misericordia, del perdón, y desterremos todo lo que nos lleve al desprecio, a
la violencia, o a la guerra. Pedimos perdón porque los hechos y dichos sobre
nuestros hermanos colombianos no representan el sentir de nuestro pueblo.
Exigimos
Que se restituya la
normalidad cuanto antes, pues son más las penurias y zozobras que viven quienes
habitan a ambos lados de la frontera, y no sólo a ellos, sino a toda la
población de los dos países que siguen con estupor el desarrollo de los
acontecimientos, a todas luces, denigrantes de la condición de seres
civilizados y hermanos.
Devolución de bienes: muchas de las personas
deportadas no han podido llevarse sus pertenencias que han quedado en el
territorio venezolano, es de justicia devolver a quienes pertenecen los bienes
inmuebles y de demás rubros; es urgente que la familia se reunifique en la totalidad
de sus miembros para evitar una crisis humanitaria por deportaciones masivas,
para ello deseamos como venezolanos ver la respuesta del Poder Moral en pleno,
no justificando acciones, sino trabajando para que se respeten los Derechos
Humanos de todos los ciudadanos, sean Venezolanos o Colombianos.
Sabemos de los dolores y tristeza en tantas
personas que han sufrido y siguen sufriendo por estas acciones. Expresamos
nuestra solidaridad y esperanza en estos momentos de angustia. Los ciudadanos
venezolanos nos sentimos hermanos del vecino país, nunca han sido extraños,
sino que tenemos una historia común. Estas acciones efectistas deben ponernos a
reflexionar sobre el futuro de nuestro país, sobre las responsabilidades de la
dirigencia política y militar en la conducción de nuestra nación, sobre la paz
interna y lo que queremos y anhelamos los venezolanos.
EL ESTADO TIENE LA
OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS SUS CIUDADANOS
INCLUYENDO LOS EXTRANJEROS BAJO SU JURISDICCION
En Caracas, a los 28 días del mes de Agosto del 2015
Mons. Roberto Lückert León
+ Mons.Baltazar Porras Cardozo
Presidente Presidente
Oficina de Justicia y Paz Comisión de Pastoral Social-Caritas
